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Si el gobierno de Chihuahua no hubiera organizado la marcha hasta la Ciudad de M no habr recuperado los 900 millones de pesos que la Secretar de Hacienda le hab retenido y las gestiones para extraditar al exgobernador Duarte habr seguido paralizadas.

Si el gobierno federal no hubiera querido extorsionar al gobierno de Chihuahua con la suspensi de pagos que ya estaban acordados, Javier Corral y su administraci no habr tenido que convocar a la Caravana por la Dignidad.

Una tras otra, las presiones del gobierno federal indicaron la enorme preocupaci que suscitaron las indagaciones judiciales sobre la corrupci del gobierno de C Duarte en Chihuahua. La retenci de 780 millones de pesos fue justificada por la Secretar de Hacienda con argumentos balad (primero dijeron que los recursos se agotaron, luego que el n de cuenta bancaria para hacer el dep era incorrecto y que ya hab terminado el ejercicio fiscal, funcionarios de la SHCP explicaron, adem que las transferencias fueron canceladas debido a la averiguaci de los manejos de Duarte). En realidad, como se dijo en este espacio hace tres semanas, la retenci de recursos por parte de la Secretar de Hacienda era extorsi apuntalada en un manejo faccioso de dinero p el empe para atenuar las denuncias del gobernador Javier Corral, el gobierno federal y su partido dijeron que uno de los principales testigos de la corrupci de Duarte, el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Guti hab sido torturado en el penal de Chihuahua en donde ha estado recluido. Esa versi que no ha estado respaldada en evidencia alguna, fue compartida con notoria irresponsabilidad por el candidato presidencial Jos Antonio Meade. A partir de esa especie y debido a supuestas dificultades para indagar la situaci de Guti hace unos d la PGR mult a varios funcionarios de la Fiscal General de Chihuahua.

El acuerdo anunciado el s por la noche en la Secretar de Gobernaci confirma que el gobernador de Chihuahua y su Caravana han tenido la raz tanto en sus demandas como al organizar esa movilizaci El gobierno federal se compromete a solicitar la inmediata detenci de C Duarte con el prop de obtener su extradici Tales gestiones estar apoyadas en las 11 de aprehensi que han sido giradas contra ese exgobernador y no s en un par de ellas como anunci la PGR a mediados de enero.

Por otra parte, el exfuncionario priista y empresario Alejandro Guti acusado de desviar recursos en beneficio del PRI durante el gobierno de Duarte, ser trasladado a un penal federal en Ciudad Ju La PGR dejar sin efecto las multas y los apercibimientos que hab presentado contra la Fiscal de Chihuahua. Por otra parte, el gobierno federal entregar de inmediato los recursos que le hab retenido a Chihuahua y que ya ascienden a 900 millones de pesos.

Ese acuerdo es, claramente, un triunfo del gobierno y de la sociedad de Chihuahua. El proceso judicial contra Duarte proseguir y la entrega de recursos fiscales indebidamente suspendida ser regularizada. fueron las banderas de la Caravana.

Con diligente rapidez y notoria sincronizaci se han difundido interpretaciones que tratan de restarle m a ese acuerdo. Se ha dicho que a cambio del dinero que recibir el gobierno de Chihuahua negoci la aplicaci de la justicia.

Se necesita demasiada cara dura, o una cr desmemoria, para sostener esa afirmaci recursos que el gobierno federal accede a entregar eran de Chihuahua. Esa entidad est recuperando un patrimonio que le hab regateado de manera ilegal.

Por otra parte, el acuerdo para que Guti vaya a un penal federal confirma que ese exfuncionario priista no era reh del gobierno de Chihuahua pero, sobre todo, propicia que la indagaci judicial se desarrolle sin entorpecimientos. Guti seguir en prisi su proceso continuar a cargo de un juez de Chihuahua y la Fiscal General de ese estado ser coadyuvante en la averiguaci Antes del traslado, el organismo internacional Human Rights Watch evaluar la situaci de Guti para determinar si ha sido torturado.

En el acuerdo con Gobernaci el gobierno de Chihuahua reconoci la validez jur del mecanismo para las transferencias de Hacienda a los estados y se desisti a emprender una controversia constitucional sobre ese tema. Ese gobierno hab reclamado la retenci de recursos, es decir, el incumplimiento de las reglas que la propia Secretar de Hacienda ha establecido y de los compromisos que se derivan de ellas. Si esas reglas ahora s se cumplen, ya no es necesario acudir a la Suprema Corte. As que no hay incongruencia alguna en el convenio que el gobernador Corral suscribi la noche del s es, entonces, la negociaci pol de asuntos judiciales? No existe. Los murmuradores tendr que improvisar otro embuste para regatearles m a Corral y su caravana.

Al contrario de lo que dicen los concertados antagonistas de ese gobernador, la pol sirvi en este caso para despejar los obst que,
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indebidamente, hab sido colocados para la aplicaci de la justicia. El secretario de Gobernaci Alfonso Navarrete, hizo su trabajo con esmero, entendi la importancia de los reclamos presentados por Corral, actu como representante que es del gobierno federal, auspici un acuerdo que reivindica el cumplimiento de la legalidad y que enmienda el error, por decirle de alguna manera, de la Secretar de Hacienda. Desde luego esos buenos oficios, y la caravana que los propici no habr sido necesarios si el gobierno federal no hubiera intentado entorpecer las averiguaciones por la corrupci de Duarte y si la campa contra Corral y la calumnia de Jos Antonio Meade no hubieran embrollado este episodio.

El gobernador Corral tendr ahora mejores condiciones (entre ellas el significativo respaldo social que recibi dentro y fuera de ese estado) para seguir atendiendo los problemas de Chihuahua, que no son pocos y que en en materia de seguridad son muy graves. Sus denuncias permitieron exhibir dos grandes dificultades nacionales. La primera de ellas es el manejo, todav discrecional y en no pocos casos arbitrario, que el gobierno federal hace de los recursos fiscales para los estados del pa La necesidad de negociar partidas presupuestales mantiene a los gobernadores supeditados a caprichos o intereses de la Secretar de Hacienda. Este episodio ha develado que, al menos en ocasiones, los criterios de Hacienda en su trato con los gobernadores no son t sino pol otro gran tema exhibido en este caso es la pertinencia y la urgencia del combate a la corrupci Si la caravana chihuahuense suscit amplias simpat en su recorrido desde Ciudad Ju fue, antes que nada, porque exigi que cesaran los impedimentos a la investigaci de los abusos del ahora exgobernador. La indagaci sobre el gobierno de C Duarte es crucial en la causa nacional contra la corrupci que no comienza ni termina all

ALACENA: Independientes. La versi de Armando R Piter

La semana pasada, esta columna coment las peculiares variaciones que se aprecian en la recolecci de firmas para los precandidatos independientes a la Presidencia. El senador con licencia Armando R Piter me ha dicho que el repentino auge de sus adhesiones, a partir de los d de diciembre, se debe a que, a partir de esas fechas, sus auxiliares, en vez de ir de puerta en puerta, concentraron ciudadanos en domicilios espec para recabar firmas. Tambi explica que la alt cifra de adhesiones recogidas en esa campa por un solo auxiliar (m de 55 mil en un centenar de d hasta hace una semana) se debe a que el registro de ese auxiliar es compartido por varios de sus colaboradores. Como la informaci que proporciona el INE se refiere a de apoyos por auxiliar sin mayor precisi he tenido motivos para suponer que all hay una irregularidad.

son anomal que la autoridad electoral tendr que aclarar en la revisi que hace a partir de los registros de firmas que env los aspirantes a candidatos independientes. La m importante de ellas ser la gran cantidad de firmas no aceptadas por el INE cuando son cotejadas con el padr electoral. Los porcentajes de rechazo sobre el total de firmas enviadas eran, hasta antier s 3 de febrero, el 43 por ciento para Jaime Rodr 35 por ciento en el caso de Margarita Zavala y 37 por ciento para R Piter. Es altamente posible que las adhesiones de esos tres aspirantes sean suficientes, en cantidad y en cobertura nacional, para que puedan aparecer en las boletas electorales. Sin embargo las tasas de firmas no aceptadas, al menos hasta ahora, resultan muy altas.
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