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Nuestra tabla de salvación estaba en la creación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), creado en abril de 1998, en la administración anterior, dadas su desconcentración del MOPT y su garantía financiera, producto de un impuesto sobre los combustibles. Sin embargo, tal como lo han puesto de manifiesto estos reportajes, el Conavi no ha podido levantar el vuelo. La pesada herencia del MOPT lo persigue. De aquí que, de acuerdo con investigaciones internas realizadas y con 36 informes de la Contraloría General de la República, se siguen repitiendo los vicios de siempre en la construcción de carreteras: mala calidad de las vías, deficiente fiscalización sobre la labor a cargo de las empresas, fallas técnicas, lentitud en la preparación de los proyectos, errores en el diseo, incumplimiento de parte de las firmas constructoras, concentración de estas y de las consultorías, deficiente mezcla asfáltica y normas arcaicas sobre su calidad, retención de los ingresos de parte del Ministerio de Hacienda, desnaturalización del poder de apelación y, como coronamiento, el imperio de la impunidad y la complacencia. Qué más?

Quiénes son responsables de esta situación? Con excepción de los funcionarios que promovieron y lograron la creación del Conavi y su financiamiento, difícilmente podrá encontrarse alguien libre de culpa por acción o por omisión. Mucho menos pueden exonerarse de responsabilidad las empresas constructoras puestas en la picota desde hace mucho tiempo. Más bien, este cuadro de ineficiencia y descontrol debe de haberles servido. Tampoco ha sido un buen ejemplo la colusión de intereses entre el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la UCR. Mención aparte merece el propio Gobierno, cuyos jerarcas no pueden alegar ignorancia sobre estos hechos. En fin, todo lo concerniente al sistema vial del país, tanto en la acera del Estado como de la empresa privada, ha sido uno de los más grandes desastres financieros, técnicos, legales y morales en nuestro país. El incumplimiento de deberes, tipificado en el Código Penal, ha sido un poema lírico o un chiste cruel.

Qué hacer? Esta pregunta nos la venimos formulando desde hace muchos aos. Han sido numerosos los editoriales y otros comentarios sobre el particular, y han sido patentes la indignación e impotencia de la gente al enterarse de estos hechos. Ahora, la Contraloría anuncia su informe número 37 en dos aos y medio. Para qué? Para completar una marca mundial? Qué sentido tiene este esfuerzo de investigación y este ejercicio de lectura si los vicios y errores se siguen cometiendo día a día, y si cada informe lesiona, más bien, por su incumplimiento, la autoridad de la Contraloría? Para que controlar y exigir cuentas si todo sigue igual? Apelamos, por ello, con respeto, pero con energía, al Presidente de la República. Esta es una emergencia nacional no por la fuerza arrolladora de la naturaleza, sino por la incapacidad del Estado.
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